Mercedes Trimarchi, legisladora electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En nuestro país, la Iglesia católica conserva privilegios económicos, jurídicos y políticos que le permiten intervenir en las decisiones del Estado, pese a que es una institución que históricamente se opuso a los derechos de mujeres y disidencias.

También las iglesias evangélicas fueron ganando terreno en el último tiempo. Muestra de ello fue la reciente inauguración del templo Jesús es Rey en la ciudad de Neuquén, a la que viajó Javier Milei. No es casualidad que la hija del pastor, Nadia Márquez, sea la senadora predilecta de Karina Milei para reemplazar a Patricia Bullrich si saca los pies del plato de La Libertad Avanza.

Cada persona tiene derecho a profesar la religión que quiera, cambiar de creencias o no tener ninguna. Pero ese derecho no puede convertirse en un privilegio para que las instituciones religiosas intervengan en las decisiones del Estado.

La Constitución Nacional establece en su artículo 2 que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Aunque la Iglesia renunció progresivamente a las asignaciones mensuales que recibían obispos y arzobispos gracias a la movilización feminista de 2018, todavía subsisten aportes estatales a sacerdotes de zonas de frontera y desfavorecidas, además de distintos beneficios impositivos y patrimoniales.

La Catedral de Buenos Aires, ubicada frente a la Plaza de Mayo, por ejemplo, no paga la luz desde 1978. Un beneficio que no tiene ninguna familia trabajadora. La sede de la Universidad Católica Argentina, ubicada en el lujoso barrio de Puerto Madero, no paga ABL, el impuesto inmobiliario que administra Jorge Macri en la ciudad.

Una institución contra los derechos

La injerencia de la Iglesia también se expresa en su intervención política e ideológica. Su jerarquía se opuso históricamente a conquistas fundamentales de las mujeres y las disidencias. En 1947 rechazó el voto femenino; en 1987 se movilizó contra la Ley de Divorcio; en 2010 militó contra el matrimonio igualitario y en 2012 contra la Ley de Identidad de Género. También cuestionó la Educación Sexual Integral, la anticoncepción quirúrgica y la reproducción asistida.

La discusión no es si las autoridades religiosas pueden expresar sus opiniones. El problema aparece cuando pretenden convertir sus convicciones particulares en normas obligatorias para toda la sociedad.

La educación es otro terreno de disputa. La Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en 2006, incorporó a las confesiones religiosas reconocidas oficialmente entre los responsables de las acciones educativas (artículo 6). A esto se suma el financiamiento estatal de establecimientos privados confesionales. La educación pública debe garantizar una formación científica, laica y respetuosa de la diversidad, sin subordinación a ninguna doctrina religiosa.

La complicidad con la dictadura

La historia argentina también muestra el papel que tuvo la jerarquía católica frente a los golpes de Estado. Durante la última dictadura militar existió una estrecha relación entre sectores de la cúpula eclesiástica y el terrorismo de Estado. No se trató solamente de declaraciones de apoyo. Hubo integrantes de la institución que participaron directamente del aparato represivo.

Un caso emblemático fue el del sacerdote Christian Von Wernich, capellán de la Policía bonaerense, condenado en 2007 a prisión perpetua por su participación en secuestros, torturas y homicidios de personas detenidas durante la dictadura. Su condena permitió demostrar judicialmente la participación de un miembro del clero en los crímenes de lesa humanidad.

Basta de privilegios al clero

La separación de las iglesias del Estado no significa perseguir a quienes profesan una religión ni impedir que las comunidades religiosas desarrollen sus actividades. Significa terminar con los privilegios económicos, jurídicos y políticos de las instituciones religiosas.

En momentos en que desde el gobierno se cuestionan derechos ganados con la movilización, es fundamental organizarnos para defenderlos. La salud, la educación y los derechos sexuales y reproductivos no pueden quedar sujetos a creencias particulares.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad sostenemos, al igual que el movimiento feminista, que es necesaria la separación definitiva de las iglesias del Estado y terminar con todos sus privilegios.

Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Más de 80 mil activistas participaron del 39° Encuentro Plurinacional, el más masivo desde la pandemia. Cuestionando los métodos burocráticos, lograron imponer desde abajo que la próxima sede sea CABA. En 2027 seremos cientos de miles en el centro político del país.

Durante los días 10, 11 y 12 de octubre, las calles cordobesas se llenaron de diversos reclamos feministas. No podía ser de otra forma. Javier Milei impulsa un plan de ajuste, entrega y miseria que golpea especialmente a las mujeres y disidencias de los sectores populares. Junto a este plan de hambre, también libra su “batalla cultural” contra nuestros derechos ganados con la movilización. La masividad del Encuentro no fue casual porque Córdoba tiene una gran tradición de lucha feminista y, recordemos, en mayo de este año fue el femicidio de Agostina, que conmovió al país.

Los talleres volvieron a ser el corazón del Encuentro, espacios para compartir experiencias y debatir cómo enfrentar una realidad cada vez más difícil. Entre los temas novedosos estuvieron el avance de los tecnomagnates, la violencia digital hacia nuestros cuerpos, el peso de las deudas en nuestra vida cotidiana y la defensa de la soberanía de nuestro territorio. También los veinte años de la Educación Sexual Integral (ESI), sus avances y las trabas para su implementación en un contexto de ofensiva ultraderechista contra la educación y la salud públicas.
Se expresó la preocupación por los bajos salarios y jubilaciones, los despidos y la precarización laboral. Una combinación que profundiza la crisis social que se descarga sobre nosotras y nosotres.

Logramos que el reclamo por CABA se escuche

La decisión de que el 40° Encuentro se realice en la Ciudad de Buenos Aires tiene una enorme importancia política. Después de 30 años, ya que la última vez fue en 1996, vuelve al centro político del país.

No es casualidad que esto haya ocurrido luego de un año de intensos debates dentro de la Comisión Organizadora (CO) en Córdoba, donde también se problematizó la metodología del Encuentro y el burocrático “aplausómetro” del acto de cierre, que desde hace años sostienen el PCR/CCC, sectores de la burocracia sindical y del peronismo.

Estamos ante un gran desafío hacia el año que viene porque necesitamos construir un Encuentro independiente de todos los gobiernos, que no se limite a denunciar los ataques, sino que impulse la lucha en las calles y la coordinación de quienes enfrentamos las políticas de Milei y sus cómplices.

Sumate a dar la pelea junto a Isadora y Disidencias en Lucha

Nuestros derechos son incompatibles con la continuidad del ajuste, la miseria y la entrega que impulsa el gobierno de Milei junto a sus cómplices. No es opción para las mujeres y disidencias de los sectores populares esperar el recambio electoral de 2027, como sostiene el peronismo en todas sus variantes. Por eso decimos que la lucha es ahora y exigimos a las centrales sindicales un plan de lucha para derrotar todo el plan motosierra.

La masividad del Encuentro demuestra que hay fuerzas para enfrentar esta ofensiva y la tarea más urgente es organizarnos. Por ello, te invitamos a seguir activando con Isadora y Disidencias en Lucha en tu lugar de estudio, trabajo y en tu barrio, para luchar por un mundo distinto, sin opresión ni explotación, y para que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos.

Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA Izquierda Socialista/FIT Unidad

Hace cuarenta años, un grupo de mujeres se encontraba en el Teatro San Martín, ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Previamente, una Comisión Promotora del Encuentro se había reunido para organizarlo. El evento se realizó en mayo de 1986 y fue el primero de una larga historia de Encuentros que, a lo largo de cuatro décadas, se fueron transformando al calor de los propios cambios del movimiento feminista.

Aquel primer encuentro reunió a mil mujeres. Hoy se espera que en la ciudad de Córdoba se reúnan más de cien mil activistas feministas que llegarán desde todo el país y también de otras partes del mundo. Porque sí: por su dinámica y su magnitud, es un evento único a nivel internacional. Desde nuestras agrupaciones feministas, Isadora y Disidencias en Lucha, sostenemos que el desafío actual es aprovechar esta instancia de debate político para resolver democráticamente un plan de lucha feminista contra el plan de ajuste de Javier Milei, el FMI y sus cómplices.
 
Pasémonos mil pueblos y derrotemos el brutal ajuste

Los talleres son el corazón del Encuentro. Se realizan en simultáneo y abordan diferentes ejes temáticos. Están pensados en función de las demandas más urgentes que tenemos las mujeres y disidencias, en el marco de una sociedad que nos oprime por nuestra condición de clase y de género. Más aún en un contexto en el que nos gobierna la ultraderecha, que nos declaró la guerra.

Las mujeres y disidencias de los sectores populares sufrimos la peor parte de la crisis social y económica. Somos quienes acumulamos más deudas, a esta altura impagables, y quienes estamos a cargo de los hogares más humildes. Somos también a quienes primero dejan sin empleo y quienes, cuando conseguimos trabajo, nos encontramos con condiciones de absoluta precarización.

A la vez, Milei, junto con otros personajes de la ultraderecha a escala global, impulsa su llamada “batalla cultural” contra los logros del movimiento feminista. Como parte de esta reacción patriarcal, cuestiona el derecho al aborto, avanza contra la Educación Sexual Integral (ESI) en las instituciones educativas, desfinancia las políticas destinadas a combatir la violencia machista y desconoce las diferentes identidades de género. Es un facho con todas las letras y nos eligió a las mujeres y disidencias como uno de sus principales enemigos. No dejemos que nos gane. Hagamos que en los talleres se resuelva democráticamente un plan de lucha para derrotar su plan de ajuste.
 
Iglesia y Estado, asuntos separados

La visita del Papa a la Argentina, que celebran mileístas, macristas, radicales y peronistas, encierra un enorme peligro. Más allá de las creencias individuales de las personas, que desde ya respetamos, rendirle pleitesía (gastando, además, muchísimo dinero del Estado) al jefe de una institución reaccionaria significa reivindicar a una organización que históricamente se posicionó contra los derechos de las mujeres y las disidencias.

La Iglesia no solo se opone al derecho al aborto, sino también a la ESI, a la ligadura de trompas y a la vasectomía. En 2012, se posicionó contra la Ley de Identidad de Género y, dos años antes, en 2010, contra el matrimonio igualitario. En 1987 se opuso a la Ley de Divorcio y en 1947 al voto femenino. Es decir, se trata de una institución claramente antiderechos.

Por eso, la pelea por la separación de la Iglesia y el Estado es una demanda que cobra plena vigencia en un contexto en el que todos los espacios políticos patronales parecen ponerse de acuerdo para recibir con beneplácito (y con un montón de plata) al jefe del Vaticano. En ese sentido, con más fuerza que nunca, en Córdoba gritamos: Iglesia y Estado, asuntos separados.

Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT  Unidad

Javier Milei nuevamente salió a la carga contra el movimiento feminista. Esta vez lo hizo en el Council of the Americas, una conferencia anual organizada en Buenos Aires por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la organización estadounidense Americas Society.

Sin ningún tipo de sustento empírico, afirmó que la caída de la tasa de natalidad en nuestro país estaría directamente vinculada con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Al respecto dijo: “Hoy, la Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de la natalidad que permita la reposición. Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos cuesta caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional”. Luego agregó: “Si una característica del crecimiento es el rendimiento del capital, también tiene importancia lo que pase en el mercado del trabajo y la población. De hecho, estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes”. Rápidamente, referentes, personalidades y organizaciones salimos a repudiar los dichos de Milei y a levantar, con más fuerza, nuestros pañuelos.

Sobre la caída de la tasa de natalidad

No existe ninguna evidencia que permita establecer una relación entre la caída de la tasa de natalidad y el derecho al aborto. De acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad se encuentra en descenso desde 2014, mientras que la Ley 27.610 fue aprobada en diciembre de 2020 y reglamentada en agosto de 2021. Es decir, la caída de la natalidad comenzó varios años antes de la legalización del aborto. Además, la disminución de la natalidad es una tendencia que se registra a nivel mundial y responde a múltiples factores sociales, económicos y culturales.

Mientras tanto, aumenta la pobreza entre niñas, niños y adolescentes

Mientras Milei responsabiliza al aborto por los problemas demográficos del país, las condiciones de vida de millones de niñas, niños y adolescentes continúan deteriorándose. Un informe de la UCA reveló que la pobreza alcanzó al 30% de la población durante el primer trimestre de 2026, mientras que entre las infancias y adolescencias llegó al 42,5%. Si a Milei realmente le preocupan las niñas y los niños, debería explicar por qué su gobierno condena a millones de ellos a vivir en la pobreza.

La crisis previsional no se resuelve obligando a parir

Milei también pretende utilizar la caída de la natalidad como explicación de la crisis del sistema previsional. Pero el problema previsional no se resuelve obligando a las mujeres y personas gestantes a tener hijos. El sistema previsional depende, entre otros factores, de la cantidad de personas que trabajan, de sus salarios y de los aportes realizados. En este sentido, uno de los principales problemas del sistema argentino es la enorme informalidad laboral. Millones de trabajadoras y trabajadores no cuentan con empleos registrados y, por lo tanto, sus empleadores no realizan los aportes correspondientes.

Más pañuelo verde que nunca

Los dichos de Milei no son una simple opinión. Forman parte de una ofensiva política e ideológica contra los derechos conquistados por el movimiento feminista, lo que él mismo denomina la “batalla cultural”. Frente a sus ataques, defendemos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No vamos a permitir que se nos responsabilice por la crisis económica, la caída de la natalidad o el déficit previsional. Por eso, frente a la ofensiva de Milei, volvemos a levantar nuestros pañuelos verdes y los sostenemos en las calles.

Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT  Unidad

A través del canciller Pablo Quirno, el gobierno de Javier Milei firmó el pasado 13 de agosto la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra. Se trata de una iniciativa de alcance global, firmada en octubre de 2020 por un grupo de países que promueve una agenda conservadora en materia de salud reproductiva, aborto y familia. Fue impulsada inicialmente por los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Entre sus principales afirmaciones, el documento sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto” ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo. A su vez, plantea que el aborto no debe promoverse como método de planificación familiar y reivindica a la familia tradicional como núcleo fundamental de la sociedad.

La adhesión argentina al Consenso de Ginebra no modifica por sí misma la legislación actual en nuestro país. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo continúa vigente y debe garantizar el acceso al aborto a todas las personas que lo requieran, tanto en el sistema de salud público como en el privado. Pero, más allá de la formalidad jurídica, no podemos dejar de señalar que esta iniciativa forma parte de la cruzada del gobierno contra los derechos conquistados con la movilización popular y de su denominada “batalla cultural”.

Milei, como referente de la reacción patriarcal, no solo desfinancia políticas vinculadas con la prevención de las violencias de género y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), destinado a prevenir los embarazos no intencionales en la adolescencia, sino que también ataca la Educación Sexual Integral (ESI), lo que resulta sumamente peligroso.

Por eso, nuestra respuesta debe ser contundente, como lo fue el 1F frente a los discursos de Milei en Davos. Tenemos por delante fechas importantes del calendario feminista, como el 28S, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, y próximamente el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Córdoba. Ambas instancias deben ser asumidas por el movimiento feminista como desafíos para impulsar acciones de lucha que permitan enfrentar y frenar a este gobierno ultraderechista, misógino y conservador, enemigo de las mujeres y las disidencias.